El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy definitivamente con un respaldo unánime la proposición de ley de reducción de la pobreza energética en Aragón que, entre otras cuestiones, prohíbe a las empresas el corte unilateral del suministro de electricidad, agua y gas.
La proposición no de ley, presentada por Podemos, fue tomada en consideración el pasado mes de diciembre y desde entonces se ha trabajado en ponencia y en comisión con la incorporación o transacción de 51 enmiendas de las que solo una de IU quedaba viva para el debate de hoy.
Se trata, según ha defendido la diputada Patricia Luquin, de una propuesta para crear un organismo público para garantizar el suministro y para caminar hacia un modelo de transición energética, que finalmente ha sido rechazada.
La ley recién aprobada cuenta con catorce artículos, una disposición transitoria y una disposición final, divididos estos en cinco capítulos que fijan las disposiciones generales, las medidas para paliar y reducir los efectos de la pobreza energética, la finalización de las medidas previstas en la ley, los procedimientos de tramitación y colaboración con las administraciones locales y régimen sancionador.
El objetivo, ha señalado Nacho Escartín, representante de Podemos en la ponencia que ha analizado la ley, es acabar con la pobreza energética en la que están sumidas 7.222 familias en Aragón, según el censo de 2013, e impedir a las empresas que corten el suministro a la gente que lo está pasando mal con esta «crisis-estafa».
A su juicio, las empresas del sistema eléctrico son las grandes causantes de muchos de estos problemas porque «se embolsan millonarios beneficios», casi el doble que sus homólogas europeas, mientras imponen el quinto precio más alto de la Unión Europea.
Hoy, con esta norma, ha precisado, el parlamento aragonés da un «paso histórico» en el reconocimiento de los derechos sociales dentro de sus competencias, a la vez que se impone a las empresas una responsabilidad «equivalente a la importancia social del servicio que prestan».
Todos los portavoces han coincidido en señalar el amplio consenso conseguido y las posiciones permeables demostradas, en un ejemplo, según Escartín, de lo que pueden ser otras leyes sociales pendientes, como la de emergencia social o la de renta básica, en tramitación y que para Desiré Pescador, de Ciudadanos, podrían haberse tramitado de forma conjunta.
Pescador y el diputado del PAR Jesús Guerrero han incidido en la necesidad de no olvidar que para superar la emergencia social es «clave» la generación de empleo y el mantenimiento de unos sueldos dignos.
Y han coincidido también en hablar de los precios de la energía que en el caso de la luz, según Escartín, se han incrementado en un 52 por ciento desde 2008.
La popular Dolores Serrat ha destacado por su parte que la ley incluye medidas de prevención en eficiencia energética, que se priorizan par los hogares en situación de vulnerabilidad.
Para la socialista Pilar Zamora, es importante la cooperación con las empresas, a través de convenios o acuerdos como ha venido haciendo el actual gobierno aragonés, y también con las entidades locales, para evaluar el impacto de las medidas aprobadas.
